En enero inicia el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México

A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas móviles, tanto de prepago como de Plan (SIM físicas o eSIM), deberán estar vinculadas a una persona física o moral identificada con documentos oficiales.

De no cumplir con este requisito antes de junio de 2026, las líneas serán suspendidas.La medida, aprobada por unanimidad el pasado 8 de diciembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca combatir delitos como extorsiones telefónicas, fraudes y secuestros virtuales, que han afectado a miles de víctimas en los últimos años.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo entre enero y julio de 2025 se registraron más de 6,800 casos de extorsión.

Los usuarios mexicanos deberán presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP) junto con una identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE) o pasaporte. Para personas extranjeras, bastará con un pasaporte válido o CURP temporal.

En el caso de líneas corporativas o institucionales, se requerirá el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona moral.El registro lo realizarán directamente los operadores telefónicos –como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes–, quienes resguardarán la información conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cabe mencionar que no se creará una base de datos centralizada en poder del gobierno, sino que se formalizará el procedimiento que ya existe para planes de pospago.

Las líneas no registradas quedarán limitadas a llamadas de emergencia (como al 911) y al portal del operador hasta que se regularicen.La CRT enfatizó que esta regulación se alinea con prácticas internacionales y responde a una consulta pública previa.

Operadores como Telcel ya han iniciado campañas informativas vía mensajes de texto para preparar a sus clientes.

Con más de 143 millones de líneas activas en México, esta reforma representa uno de los cambios más significativos en el sector telecomunicaciones en los últimos años, priorizando la seguridad pública sin comprometer la privacidad de los datos, según las autoridades.