En una decisión histórica y polémica, el Congreso del estado de Puebla aprobó reformas al Código Penal que tipifican el “ciberasedio” como delito, estableciendo sanciones de hasta tres años de prisión y multas de hasta $33,942 pesos para quienes insulten, ofendan o agravien de manera reiterada a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales.
La iniciativa, presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, actual coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta, busca proteger la integridad emocional y física de las víctimas de violencia digital sin limitar la libertad de expresión.
Durante la conferencia de prensa celebrada en la capital poblana, García Parra explicó que el artículo 480 define el ciberasedio como el uso de tecnologías para causar daño emocional o físico mediante ofensas persistentes.
“No se trata de censurar opiniones, sino de frenar la violencia digital que afecta la salud de las personas, especialmente de grupos vulnerables como menores y mujeres”, afirmó.
La reforma también endurece penas si las víctimas son menores de edad, aumentando hasta dos tercios de la sanción máxima.
La aprobación, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, generó debate. Organizaciones de periodistas y la diputada panista Susana Riestra expresaron preocupación, argumentando que la ley podría limitar denuncias legítimas, como las de violencia vicaria.
Sin embargo, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Mujeres, defendió la medida, citando casos como el ciberacoso sufrido por la secretaria de Deporte, Gabriela Sánchez, por parte de la cuenta anónima en X “La Aldea Poblana”.
Además del ciberasedio, la Ley de Ciberseguridad tipifica delitos como usurpación de identidad, fraude electrónico y espionaje digital, con penas de uno a cuatro años de prisión.
Estas reformas, que entrarán en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, han desatado una gran polémica en redes sociales ya que los usuarios argumentan que puede ocurrir censura y sanciones ante señalamientos que realicen los usuarios a los servidores públicos.
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